Presentaron un habeas corpus preventivo contra el decreto que amplía las facultades de la SIDE
Abogados solicitaron la suspensión y nulidad del DNU 941/2025, que habilita a los servicios de inteligencia a detener personas sin orden judicial. La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Paraná, que habilitó la feria judicial para su análisis.
Un grupo de abogados presentó un habeas corpus preventivo y de alcance colectivo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo amplió las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluyendo la posibilidad de detener personas sin autorización judicial. La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Daniel Alonso, quien resolvió habilitar la feria judicial para analizar la denuncia.
Los letrados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y el constitucionalista correntino Armando Aquino Britos solicitaron el dictado de una medida cautelar urgente para suspender la vigencia del decreto y, como cuestión de fondo, pidieron que se declare su nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad. A diferencia de otras acciones judiciales impulsadas contra el DNU, los abogados optaron por la vía del habeas corpus preventivo al considerar que la norma representa una amenaza actual a la libertad ambulatoria de toda la ciudadanía.
El planteo se basa en que el decreto concede a la SIDE facultades que permiten la aprehensión de personas sin orden escrita de autoridad judicial competente, lo que —según sostienen— vulnera principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional. En ese sentido, afirmaron que la reforma afecta de manera directa a toda la sociedad y no a casos individuales aislados.
El DNU 941/2025, publicado en el primer Boletín Oficial del año y firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo de ministros, modificó la Ley de Inteligencia Nacional otorgando mayor poder y autonomía a los organismos de inteligencia. Entre los cambios introducidos, se habilita al personal de inteligencia a detener personas en el marco de sus actividades, con la obligación de dar aviso a las fuerzas de seguridad, pero sin requerir una orden judicial previa. Además, se impone a los funcionarios de organismos públicos la aplicación de medidas de contrainteligencia y el intercambio de información entre dependencias del Estado, y se redefine como “encubiertas” las actividades de inteligencia nacional.
Los abogados denunciantes sostienen que estas disposiciones vulneran los principios de inocencia y legalidad, al permitir que una agencia de inteligencia —que no es una fuerza de seguridad— ejerza funciones propias del ámbito penal. También remarcaron que el decreto no obliga a poner de manera inmediata a los detenidos a disposición de un juez, lo que, a su entender, coloca a la SIDE en una posición de mayor poder que las propias fuerzas de seguridad.
En su presentación, advirtieron que cualquier ciudadano podría ser demorado o privado de su libertad por agentes encubiertos bajo fundamentos amplios vinculados a tareas de inteligencia o contrainteligencia. Asimismo, cuestionaron que una reforma de esta magnitud haya sido dispuesta mediante un decreto presidencial, sin intervención del Congreso, avanzando sobre materias penales que la Constitución Nacional reserva de forma exclusiva al Poder Legislativo.
FUENTE: Pagina Judicial
