Cuestionan la gestión de Raúl Montero en la CARU por gastos, contrataciones y uso de fondos binacionales
Documentación interna y movimientos financieros revelan un esquema de gastos de representación, beneficios paralelos y proyectos millonarios que contradicen el carácter “ad honorem” de la delegación argentina y el discurso de austeridad del actual presidente del organismo.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional dependiente de la Cancillería Argentina y responsable de la administración de los puentes internacionales Gualeguaychú–Fray Bentos y Colón–Paysandú, atraviesa un momento de fuerte tensión institucional a partir de una serie de hechos documentados que ponen en duda la transparencia de su gestión. En el centro de las controversias aparece el actual presidente de la delegación argentina, Raúl Luis Montero, designado por el Decreto N.º 394/2025, publicado el 17 de junio de 2025.
Montero, abogado de profesión, exfuncionario del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y exasesor general durante la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli, asumió la presidencia de la CARU con un discurso centrado en la austeridad y la eliminación de privilegios. Sin embargo, documentación interna, notas administrativas y registros financieros configuran un escenario que parece contradecir ese encuadre público.
El punto más sensible surge de una paradoja difícil de justificar: la delegación argentina fue designada formalmente con carácter “ad honorem”, pero habría instrumentado un mecanismo para disponer de alrededor de 50.000 dólares mensuales en concepto de gastos de representación. La operatoria se habría impulsado desde la propia Presidencia del organismo y expone, según las fuentes consultadas, un uso presuntamente irregular de recursos binacionales, además de prácticas administrativas que eluden controles básicos.
Actualmente, la delegación argentina está integrada por cuatro miembros —cuando el Estatuto prevé cinco—: el propio Montero como presidente, junto a Francisco Mansanta, Agustina Piñeiro y María Laura Ojeda como delegados. Todos fueron designados sin remuneración y continúan percibiendo sus salarios de los organismos de origen, lo que excluye la posibilidad de cobrar gastos de representación financiados por la CARU.
Pese a ello, mediante la Nota DACARU N.º 52/2025, Montero elevó un proyecto de resolución para que los gastos de representación correspondientes a cinco delegados fueran depositados en la cuenta N.º 0122773 del Banco Nación, sucursal Montevideo, bajo el argumento de financiar el “mantenimiento” de la delegación. El desvío estimado alcanzaría los 50.000 dólares mensuales. El mecanismo presenta múltiples objeciones: asigna fondos por un concepto incompatible con la condición “ad honorem”, centraliza recursos en una cuenta en el exterior sin individualización y carece de un sistema de rendición que permita verificar el destino del dinero.
A este flujo se suman beneficios adicionales solventados por la CARU, como oficinas financiadas junto con la Cancillería, vehículos de alta gama —entre ellos una VW Tiguan y una Corolla Cross—, algunos con chofer, cobertura total de combustibles, peajes, viáticos y alimentación, además de alojamiento con modalidad “all inclusive” durante estadías en la sede del organismo. Los fondos provienen mayoritariamente del cobro de peajes en los puentes internacionales, ingresos que pertenecen en partes iguales a la Argentina y al Uruguay, lo que agrava la falta de criterios públicos de asignación y rendición.
En ese contexto, fuentes internas indicaron que Pablo Enrique Bertone, chofer del organismo y actualmente asesor, realizaría traslados mensuales a Montevideo en vehículos oficiales para retirar los fondos depositados. La operatoria implicaría el transporte de efectivo por montos que podrían exceder los límites permitidos por la normativa aduanera, con viáticos diarios superiores a los 150 dólares. De confirmarse, el procedimiento comprometería controles elementales sobre la circulación transfronteriza de dinero público.
La gestión también incorporó asesores con remuneraciones elevadas y uso de vehículos oficiales con patente diplomática, sin constancias públicas de control. Entre los casos mencionados se encuentran Gabriel Morano, secretario Técnico y Administrador del Puente Internacional General Artigas, y Tamara Ivón Cerneaux, asesora externa. La situación de Morano resulta particularmente sensible, ya que concentra dos cargos estratégicos y registra una presencia laboral limitada, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del control interno y la superposición de funciones.
Otra señal de alarma se encendió con la Nota Externa DACARU N.º 50/2025, firmada por Montero y acompañada por un “caso de negocio” elaborado por Cerneaux, que proponía un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para repavimentar rutas provinciales argentinas, en particular la Ruta 136 que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, por un monto estimado en 15 millones de dólares. El financiamiento incluía fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes, partidas destinadas al dragado del río Uruguay y la eventual suba de peajes. La delegación uruguaya rechazó la iniciativa por considerarla ajena a las competencias del organismo y por comprometer recursos binacionales para fines externos, lo que deterioró la relación interna.
El cuadro se completa con una compulsa de precios para la impresión de 6.000 libros institucionales por cerca de 50.000 dólares, impulsada por Alejandro Primus, asesor externo vinculado al presidente Montero, quien firmó como integrante del área contable sin pertenecer a la planta permanente. La recomendación habría favorecido a Servicios Integrales La Plata SRL, una empresa cuyo giro declarado no se corresponde con servicios editoriales y con domicilio en la ciudad de La Plata, lugar de origen del presidente y su entorno.
Lejos de tratarse de versiones informales, la información expuesta se apoya en notas identificadas, montos precisos, cuentas bancarias, nombres propios y decretos oficiales. Las preguntas que surgen apuntan al corazón del funcionamiento institucional: el respaldo normativo de los gastos, la ausencia de rendiciones, la autorización de proyectos ajenos a la competencia de la CARU y la utilización de recursos compartidos entre dos Estados. La situación plantea la necesidad de explicaciones, controles y eventuales investigaciones administrativas y judiciales, en un organismo donde la transparencia no es solo una consigna, sino una obligación legal y ética.
FUENTE: El Entre Ríos
