Analizan una posible incompatibilidad tras la designación de una Supervisora Escolar
María Cecilia Bustamante fue notificada para que defina su situación administrativa luego de asumir un cargo de supervisión dentro del Consejo General de Educación. La resolución también podría tener impacto en la composición del Concejo Deliberante de Urdinarrain.
La reciente designación de María Cecilia Bustamante como supervisora de zona abrió un proceso administrativo para determinar si el cargo resulta compatible con las demás funciones públicas que actualmente desempeña.
La situación fue confirmada por la directora departamental de Escuelas, Marta Landó, quien informó que la docente fue notificada formalmente y dispone de cinco días hábiles para presentar un descargo ante las autoridades provinciales.
El planteo surgió luego de que Bustamante dejara la dirección de la Escuela N.º 25 "Caseros" para asumir como supervisora de zona, una de las funciones de mayor jerarquía dentro de la estructura educativa de nivel primario.
Según explicó Landó, el análisis no se centra en la condición de concejal, ya que los cargos electivos no presentan incompatibilidad por sí mismos, sino en las restricciones y exigencias específicas que rigen para quienes ocupan cargos de supervisión dentro del Consejo General de Educación.
Una vez presentado el descargo, el expediente será evaluado por el área de Recursos Humanos del CGE en Paraná, que deberá emitir un dictamen sobre la situación y determinar si existe o no incompatibilidad normativa.
La resolución podría tener además consecuencias políticas en Urdinarrain. En caso de que el organismo provincial concluya que ambos cargos no pueden ejercerse simultáneamente y Bustamante decida priorizar su carrera docente, se abriría una vacante en el Concejo Deliberante.
De acuerdo con el orden de la lista por la que resultó electa, el primer nombre habilitado para ocupar la banca sería Carlos Izaguirre. En una eventual sucesión posterior, la siguiente en el orden establecido es Mónica Feyt.
Mientras avanzan los plazos administrativos, la expectativa se concentra en la respuesta que presente la funcionaria y en la interpretación que realicen las autoridades provinciales sobre la normativa vigente. La definición podría conocerse durante la próxima semana y tendría impacto tanto en el ámbito educativo como en el político local.
FUENTE: La Región 24
