Gremios, jubilados y la oposición cuestionaron la reforma previsional y advirtieron sobre una ola de juicios
En la primera reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados, sindicatos docentes, estatales, judiciales y representantes de jubilados rechazaron el proyecto impulsado por el Gobierno provincial. Advirtieron sobre pérdida de derechos, reducción de haberes, falta de información sobre el déficit de la Caja y cuestionaron la rapidez del tratamiento legislativo.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos inició este miércoles el debate de la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo, un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado y que comenzó a ser analizado en una reunión conjunta de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social.
Lejos de encontrar respaldo entre los sectores convocados, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos de sindicatos docentes, estatales, judiciales y de la Federación de Jubilados de Entre Ríos, cuyos representantes coincidieron en advertir que la propuesta implica un recorte de derechos previsionales y podría derivar en una amplia judicialización.
Entre las exposiciones más críticas estuvo la del secretario de Relaciones Gremiales de AMET, Roberto Aguirre, quien reclamó que la convocatoria a los gremios no sea un trámite formal. "No queremos ser meros espectadores", afirmó al comenzar su intervención.
El dirigente sostuvo que antes de modificar el sistema previsional debería realizarse una auditoría integral de la Caja de Jubilaciones y cuestionó que el Gobierno continúe fundamentando la reforma únicamente en la existencia de un déficit. Recordó que el gobernador Rogelio Frigerio había asegurado que el aporte extraordinario aplicado durante 2024 permitiría reducir significativamente el rojo financiero y se preguntó por qué la situación continúa siendo presentada como crítica.
Aguirre también advirtió sobre las consecuencias que tendría el nuevo esquema de cálculo de las jubilaciones y la modificación en los aportes previsionales para los trabajadores de la educación. Según explicó, la combinación de esos cambios provocaría una fuerte caída de los ingresos durante la pasividad y terminaría incentivando pedidos de tareas administrativas por parte de docentes que ya no podrían sostener la actividad frente al aula.
El representante de AMET además cuestionó la utilización de sumas no remunerativas en las negociaciones salariales, al señalar que esos conceptos no generan aportes para la Caja y terminan perjudicando tanto al sistema como a los futuros jubilados.
Otro de los puntos más objetados fue la decisión de ampliar a quince años el período utilizado para calcular el haber inicial. Aguirre sostuvo que una modificación de esa magnitud altera las condiciones con las que los trabajadores ingresaron al sistema previsional y consideró que podría ser declarada inconstitucional, tal como ocurrió con reformas similares en otras provincias.
También alertó sobre la crítica situación económica que atraviesan los docentes, al señalar que muchos recurren a préstamos y planes de pago para afrontar sus gastos cotidianos, por lo que consideró inoportuno impulsar una reforma que reduzca aún más los ingresos durante la jubilación.
Desde AGMER, el secretario general Abel Antivero cuestionó que la convocatoria no incluyera a todos los sindicatos docentes y defendió la permanencia de la Carpa Blanca instalada frente a Casa de Gobierno como símbolo de resistencia frente al proyecto oficial.
El dirigente aseguró que la Ley 8072 "no se toca" y sostuvo que el gremio rechaza la reforma en todos sus términos. Además destacó que la campaña de recolección de firmas contra la iniciativa ya reunió unas 50 mil adhesiones.
Antivero rechazó el argumento oficial de que la reforma busca corregir el déficit de la Caja y afirmó que ningún sistema previsional funciona con lógica empresarial ni tiene como objetivo generar superávit.
También puso en duda las proyecciones oficiales sobre la relación entre trabajadores activos y jubilados y sostuvo que los cálculos difundidos por el Ejecutivo no resultan consistentes con la evolución demográfica y laboral de la provincia.
En otro tramo de su exposición señaló que la reforma forma parte de un proceso de ajuste sobre los trabajadores estatales y advirtió que el aumento de la edad jubilatoria desconoce las condiciones específicas del trabajo docente, especialmente las vinculadas al desgaste físico y a los problemas de salud mental y vocal que afectan a quienes permanecen durante décadas frente al aula.
El secretario general de AGMER además cuestionó la posición del oficialismo durante el tratamiento legislativo al afirmar que todos los diputados expresaban argumentos prácticamente idénticos, lo que, según sostuvo, evidenciaba una estrategia coordinada por el Poder Ejecutivo.
La tensión aumentó cuando criticó la convocatoria a representantes del Consejo Empresarial de Entre Ríos y de la Bolsa de Cereales para futuras reuniones de comisión, al considerar que esos sectores no tienen competencia sobre el régimen previsional.
Antes de finalizar pidió a los legisladores que voten "respondiendo al pueblo entrerriano" y advirtió que el gremio señalará públicamente a quienes acompañen la reforma. Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta de diputados oficialistas, entre ellos Roque Fleitas, Juan Rossi y Jorge Maier, quienes cuestionaron el tono de sus expresiones y rechazaron cualquier forma de presión sobre los legisladores.
Los representantes de la Federación de Jubilados de Entre Ríos también manifestaron un fuerte rechazo al proyecto y reclamaron que la futura ley establezca expresamente la prohibición de aplicar los cambios con carácter retroactivo.
El presidente de la entidad, Oscar Pirillo, sostuvo que varios artículos podrían ser objeto de planteos judiciales por afectar derechos adquiridos y cuestionó que el Gobierno no haya presentado información suficiente para justificar la declaración de emergencia previsional.
En la misma línea, pidió que se publiquen los datos históricos sobre la evolución del déficit de la Caja antes de avanzar con modificaciones que impliquen nuevos sacrificios para trabajadores y jubilados.
La representante de la Federación en la Caja de Jubilaciones, Claudia Valori, también pidió revisar las atribuciones otorgadas al presidente del organismo para evitar interpretaciones discrecionales y expresó su preocupación por la reducción prevista en las jubilaciones por invalidez, que pasarían del 82 al 70 por ciento.
Asimismo, cuestionó la exclusión de algunos regímenes especiales y advirtió que calcular el haber sobre los últimos quince años de aportes provocará una disminución significativa de las futuras jubilaciones.
Durante la reunión también expusieron representantes de otros gremios estatales.
El secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos, José Segura, sostuvo que la discusión no puede limitarse al articulado del proyecto y consideró que la reforma forma parte de una política de reducción salarial tanto a nivel nacional como provincial.
Además anticipó que, de aprobarse la ley, el Estado enfrentará una gran cantidad de demandas judiciales por la presunta inconstitucionalidad de varios de sus artículos.
Desde UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez confirmó el rechazo del sindicato al proyecto, aunque defendió la decisión de participar del debate parlamentario para intentar introducir modificaciones.
La dirigente lamentó que la discusión no contemplara la responsabilidad de los distintos gobiernos y del propio Poder Legislativo en la generación del déficit previsional y afirmó que no deberían ser los trabajadores quienes asuman exclusivamente el costo de esas decisiones políticas.
Domínguez reveló además que el gremio había acercado una propuesta alternativa respecto de la edad jubilatoria con criterios de equidad de género y reconocimiento de las tareas de cuidado, pero aseguró que esa alternativa fue descartada por el Ejecutivo.
Finalmente criticó la metodología adoptada por la Cámara de Diputados al considerar insuficientes los diez minutos otorgados a cada organización para exponer sobre una reforma que impactará sobre cerca de 200 mil trabajadores activos y pasivos de la provincia.
Desde la oposición, los diputados del bloque justicialista Juan José Bahillo y Laura Stratta coincidieron con buena parte de los cuestionamientos formulados por los sectores convocados y volvieron a reclamar un tratamiento menos acelerado del proyecto. Stratta también advirtió que todavía no existen datos precisos que permitan conocer cuál será el verdadero impacto de la reforma sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones, principal argumento utilizado por el Gobierno para impulsar los cambios.
FUENTE: APF Digital
