Vaca Muerta: la Justicia ordenó pericias ambientales en zonas de extracción de arena en Entre Ríos
El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, solicitó informes al Gobierno provincial y dispuso un reconocimiento judicial de las áreas donde se extrae arena silícea destinada a la actividad hidrocarburífera. La medida se originó en una acción preventiva de daños presentada contra el convenio firmado entre la Provincia e YPF.
El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, ordenó una serie de medidas para investigar las condiciones ambientales de las zonas de Entre Ríos donde se extrae arena silícea que luego se utiliza en Vaca Muerta. La resolución incluye pedidos de informes, una pericia ambiental e hidrogeológica y un reconocimiento judicial de los sectores de extracción.
La intervención judicial se produjo a partir de una acción preventiva de daños presentada por el ingeniero Carlos Cadoppi, productor del departamento Islas, quien viene advirtiendo sobre un presunto impacto ambiental derivado de la actividad minera en el sur entrerriano.
El planteo apunta también al convenio firmado a fines de septiembre entre el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente de YPF, Horacio Marín, que fue presentado por el Gobierno provincial como un “acuerdo histórico”. Posteriormente, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto para ratificarlo.
El convenio establece, entre sus principales objetivos, “potenciar la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta” y desarrollar infraestructura para mejorar la logística y reducir los costos de traslado.
La importancia de Entre Ríos en esa actividad es significativa: se estima que alrededor del 75 por ciento de la arena utilizada en Vaca Muerta proviene de la provincia, principalmente de yacimientos ubicados en el departamento Islas. El propio CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la calidad del material entrerriano al afirmar que es “la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.
Los pedidos del juez
En su primera resolución, Viri solicitó a la Fiscalía de Estado una copia del convenio suscripto entre el Gobierno provincial e YPF, además de los acuerdos particulares que pudieran haberse celebrado en ese marco.
También requirió un listado de las canteras y plantas habilitadas para la extracción y procesamiento de arena silícea, con información sobre sus titulares, ubicación y volúmenes autorizados.
A esas medidas se sumó la disposición de una pericia ambiental e hidrogeológica y la realización de un reconocimiento judicial en las zonas involucradas.
Cadoppi había solicitado que no se avance con este tipo de acuerdos sin contar previamente con estudios de impacto ambiental que permitan evaluar sus posibles consecuencias. Además, pidió la producción anticipada de pruebas, con el argumento de que algunas constataciones podrían resultar imposibles de realizar con el paso del tiempo.
Un antecedente judicial
El trámite presenta similitudes con otro expediente que se encuentra en el mismo juzgado federal, también a cargo de Viri. Se trata de la acción preventiva de daños vinculada con el proyecto de la empresa HIF Global para instalar una industria en Uruguay, frente a la costa de la ciudad entrerriana de Colón.
En ambos casos, las presentaciones judiciales buscan que se investiguen posibles consecuencias ambientales de proyectos de gran escala antes de que avancen, mediante la producción de informes y pruebas que permitan evaluar sus eventuales impactos.
FUENTE: GualeDigital / Análisis Digital
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