Urribarri: las defensas pidieron nuevas pericias y cuestionaron las pruebas de la Fiscalía
Los abogados del exgobernador y del empresario Diego Cardona Herreros reclamaron nuevos estudios informáticos y contables durante la audiencia de elevación a juicio. Los fiscales rechazaron los planteos por considerarlos extemporáneos e infundados. El juez Mariano Budasoff dará a conocer su decisión este jueves a las 10.
Las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros volvieron a reclamar la realización de dos nuevas pericias oficiales en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública. Los planteos fueron expuestos este martes, durante la audiencia de requerimiento de elevación a juicio, luego de que los fiscales presentaran las pruebas documentales y testimoniales que pretenden incorporar a un futuro debate oral.
Ante el juez de Garantías N° 6 de Paraná, Mariano Budasoff, los abogados José Velázquez y Miguel Cullen cuestionaron los dos principales elementos técnicos que sostienen la acusación del Ministerio Público Fiscal: los informes informático y contable.
Por su parte, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull respondieron los planteos y defendieron la validez de las evidencias reunidas durante la investigación. También insistieron en que la causa debe ser remitida a juicio.
La resolución sobre la controversia se conocerá este jueves a las 10, según lo previsto al cierre de la audiencia. Allí se definirá si Urribarri, actualmente detenido en la Unidad Penal N° 6 de Gualeguaychú, deberá enfrentar un nuevo juicio oral, en este caso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Los cuestionamientos a las pericias
José Velázquez, defensor de Cardona Herreros, centró su exposición en el procedimiento de extracción y análisis de la información digital incorporada a la investigación. Cuestionó el tratamiento de los dispositivos secuestrados, las condiciones de seguridad informática y los criterios utilizados para seleccionar los datos que luego fueron incorporados a la Investigación Penal Preparatoria.
El abogado sostuvo que existen asimetrías entre las partes por la capacidad técnica y los recursos del Estado y reclamó una nueva pericia informática, esta vez a cargo de profesionales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Además, presentó 40 puntos para que sean examinados y pidió que el nuevo estudio permita contar con una evaluación que consideró objetiva e independiente.
“Acá no estamos en pie de igualdad. Tenemos al Estado del otro lado, con todo su poder punitivo”, manifestó Velázquez. Según su planteo, la revisión debería permitir determinar con mayor precisión la validez de facturas, planillas, registros de pagos y cobros, comunicaciones y otros elementos recuperados de teléfonos, computadoras y correos electrónicos.
El defensor argumentó que el objetivo no es impedir la realización del juicio, sino llegar al debate con una pericia oficial que permita discutir la evidencia informática sobre bases técnicas independientes.
La defensa cuestionó el informe contable
Miguel Cullen, abogado de Urribarri, concentró sus críticas en el informe contable elaborado por una profesional del Ministerio Público Fiscal junto con el contador de parte Cristian Dumé.
El defensor sostuvo que durante el período investigado, comprendido entre 2008 y 2015, se atribuyeron al exgobernador ingresos correspondientes a distintos integrantes de su familia. En particular, señaló que parte de los movimientos económicos considerados injustificados por la Fiscalía estarían relacionados con la carrera profesional de Bruno Urribarri como futbolista en clubes argentinos y en el Asteras Trípolis de Grecia.
Cullen recordó que el informe contable concluyó en 2022 y que, según indicó, sus propios anexos reconocían que no se había podido acceder a toda la información necesaria. Entre los datos faltantes mencionó los vinculados con la actividad deportiva de Bruno Urribarri en Grecia.
También cuestionó las diferencias entre los montos que surgen del estudio contable y las cifras que la acusación atribuye como incremento patrimonial injustificado.
El abogado reclamó una nueva pericia contable y sostuvo que la investigación debía distinguir con mayor precisión los ingresos y gastos de cada integrante de la familia. A su entender, existen personas que no están imputadas y cuyos movimientos económicos fueron considerados en el análisis patrimonial.
Cullen reconoció que la realización de un nuevo estudio podría extender el proceso aproximadamente un año, pero consideró que resultaba necesario para garantizar el ejercicio de la defensa.
La Fiscalía rechazó los pedidos
Los fiscales respondieron que los planteos debieron formularse durante la Investigación Penal Preparatoria y no en la instancia de elevación a juicio.
Badano sostuvo que las defensas tuvieron acceso a las actuaciones durante años y que no presentaron elementos novedosos que justificaran reabrir la producción de prueba.
Además, calificó el pedido de una nueva pericia informática como infundado, al considerar que no se señalaron anomalías concretas en los dispositivos ni alteraciones que permitieran poner en duda los resultados obtenidos.
“Se trata de alegaciones genéricas, sin basamento concreto. Se trata de un pedido exploratorio, a la pesca”, expresó el fiscal.
También cuestionó algunos de los 40 puntos propuestos por Velázquez. Según explicó, varios no guardan relación con el objeto de la investigación, mientras que otros solicitan valoraciones jurídicas que corresponden al juez y no a los peritos. Como ejemplo, mencionó requerimientos vinculados con protocolos para el tratamiento de datos de menores de edad, que consideró ajenos a una causa por enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía defendió la pericia contable
Por su parte, Ramírez Montrull respondió los cuestionamientos de Cullen y sostuvo que la defensa participó de la elaboración del informe contable mediante la intervención de un perito propio.
El fiscal afirmó que el contador Cristian Dumé y la profesional del Ministerio Público Fiscal trabajaron conjuntamente y arribaron a conclusiones coincidentes, por lo que consideró innecesaria la realización de un nuevo estudio.
También rechazó que se hubieran sumado indiscriminadamente los ingresos de todo el grupo familiar. Según explicó, la pericia analizó por separado la capacidad económica de cada integrante y concluyó que ninguno, con excepción de Urribarri como destinatario del presunto enriquecimiento, contaba con recursos suficientes para justificar los movimientos patrimoniales investigados.
Ramírez Montrull aseguró que se analizaron los contratos y los ingresos de Bruno Urribarri, así como los bienes muebles e inmuebles, activos, créditos, deudas, acciones, dinero en efectivo y declaraciones juradas correspondientes al período investigado.
“Acá no hay que precisar más nada. Están precisos cada uno de los montos, cada año”, sostuvo.
La Fiscalía consideró que las objeciones de las defensas deberán discutirse durante el eventual juicio oral y que no existen motivos para producir nuevas pericias en esta etapa del proceso.
La decisión final quedó en manos del juez Mariano Budasoff, quien deberá resolver este jueves si acepta los pedidos de las defensas o si dispone la elevación de la causa a juicio oral y público.
FUENTE: Análisis Digital
