Urribarri denunció agresiones de otros presos y la jueza destacó las condiciones de su nuevo alojamiento
El exgobernador, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera fueron entrevistados por la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, durante una audiencia realizada por videoconferencia desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. Urribarri aseguró que recibe insultos cuando debe trasladarse al sector de visitas.
Este jueves por la mañana se realizaron las audiencias de conocimiento en las que la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, entrevistó por videoconferencia a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, quienes cumplen sus condenas en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.
Durante la audiencia, Urribarri manifestó que continúa siendo objeto de insultos y agresiones verbales por parte de otros internos, principalmente cuando debe desplazarse desde el pabellón hasta el lugar de visitas.
La jueza describió, por su parte, las características del espacio donde fueron alojados los tres condenados. Según explicó, se trata de un pabellón de 14 habitaciones destinado exclusivamente a ellos, con cuatro baños —dos de ellos fuera de funcionamiento— y climatización centralizada frío/calor. El sector había sido construido originalmente para el área de Sanidad.
Tanto Bértora como los abogados defensores —Miguel Ángel Cullen por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez por Báez— aclararon que la audiencia no constituía una instancia para formular pedidos, sino un primer encuentro entre los condenados y la magistrada encargada de supervisar el cumplimiento de las penas. También participó la fiscal Fernanda Ruffatti.
El traslado al nuevo sector se produjo luego de que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos considerara necesario separar a los tres internos de otros presos debido a situaciones de presión e insultos. Una situación similar ya se había registrado anteriormente con Urribarri en la Unidad Penal de Paraná.
Urribarri: “Ahora me encuentro alojado en un lugar mucho mejor”
Durante el encuentro, el exgobernador comparó su situación actual con los primeros días de detención. “Ahora me encuentro alojado en un lugar mucho mejor del que estaba la primera semana”, afirmó.
Según relató, durante esos primeros siete días compartió un espacio común con otros internos condenados por delitos sexuales y homicidios. Dijo que las condiciones le impedían dormir normalmente y calificó ese período como “siete días horribles” hasta que finalmente fue trasladado a otro pabellón.
Actualmente permanece junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y aseguró que procura evitar los espacios comunes. “No puedo compartir ningún espacio común”, expresó, al explicar que considera que su condición de exgobernador genera situaciones de conflicto con algunos internos.
También describió su rutina en el nuevo sector y destacó el accionar del Servicio Penitenciario tras el traslado: “No puedo adjudicarle nada negativo. Al contrario, creo que han hecho un esfuerzo en estas horas para darme la seguridad que evaluaron que no tenía al acceder al cambio de pabellón”.
Bértora le explicó que este tipo de aislamiento preventivo no es exclusivo de su situación. Señaló que existe un porcentaje importante de internos que no puede circular libremente por temor a agresiones o por conflictos con otros presos y que el Servicio Penitenciario debe adoptar medidas para evitar cruces entre personas enfrentadas.
La magistrada también le indicó que la adaptación a las condiciones de detención será gradual y le recomendó realizar tratamiento psicológico. Le explicó que, llegado el momento de solicitar salidas sociofamiliares o sociolaborales, se evaluará tanto su comportamiento como aspectos subjetivos relacionados con su situación.
En cuanto a la educación, Urribarri contó que había cursado hasta quinto año de Ciencias Económicas, pero abandonó la carrera cuando asumió como intendente de General Campos. Consultado sobre la posibilidad de retomar estudios dentro de la unidad penal, respondió que no estaba interesado en hacerlo.
Báez y Aguilera: rutinas y estudios
Pedro Báez también habló sobre su situación durante la audiencia. El exministro de Comunicación y Cultura explicó que cursó hasta quinto año de Ingeniería de Alimentos y que obtuvo el título intermedio de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos. Dijo que no tiene previsto retomar aquella carrera, aunque manifestó interés en las propuestas educativas de la Unidad Penal N°9 para el próximo año.
Báez detalló además que comenzó a organizar una rutina que incluye limpieza, cocina, lavado de ropa, actividad física y lectura. Cuenta con libros y tiene autorizado el ingreso de un dispositivo Kindle con una biblioteca digital.
Uno de los principales temas planteados por el exfuncionario fue su estado de salud y la necesidad de mantener una dieta específica por su diagnóstico de celiaquía, evitando la contaminación cruzada. Explicó que los tres internos comparten la cocina y los utensilios, por lo que organiza personalmente la preparación de sus alimentos. La Fiscalía señaló que solicitaría a la Dirección de la cárcel que se garantizara esa dieta cuando fuera necesaria.
Por su parte, Juan Pablo Aguilera fue quien mostró mayor interés en continuar con sus estudios universitarios. Actualmente cursa Administración de Empresas a distancia en la Universidad Siglo 21 y ya inició gestiones con el área de Educación de la unidad para poder continuar con la carrera.
La Fiscalía informó que el Servicio Penitenciario solicitó autorización para el ingreso de una computadora que permanecería en el área educativa y sería utilizada para descargar material de estudio. Bértora manifestó su disposición a facilitar la continuidad académica de Aguilera.
Aguilera también describió su proceso de adaptación a la cárcel y señaló que atraviesa estas primeras semanas con una rutina tranquila y mucha lectura. “Vivo una realidad difícil, pero convivo bastante bien con lo que está pasando”, expresó.
Las audiencias forman parte del seguimiento del cumplimiento de las penas derivadas del Megajuicio que terminó con las condenas en abril de 2022. Los tres, además, mantienen causas en trámite vinculadas con enriquecimiento ilícito y corrupción que, de derivar en nuevas condenas, podrían modificar el tiempo total de cumplimiento de sus penas.
FUENTE: Análisis Digital / El Entre Ríos
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