Ordenaron decomisar inmuebles, vehículos y equipos de las imprentas vinculadas a Juan Pablo Aguilera y Sergio Urribarri
La medida se desprende de la sentencia dictada en 2022 en el denominado Megajuicio y se activa tras quedar firme la condena contra Sergio Urribarri, Pedro Báez y Aguilera. Los bienes habían permanecido inmovilizados durante el proceso judicial y ahora deberán quedar a disposición del Estado provincial.
A poco más de una semana de que Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera comenzaran a cumplir las condenas impuestas en el marco del Megajuicio por corrupción, la ejecución de la sentencia sumó una nueva medida: el decomiso definitivo de una serie de bienes vinculados a la empresa Tep SRL, una de las imprentas relacionadas con Aguilera.
La disposición fue emitida el jueves pasado desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Entre Ríos y remitida a la Fiscalía de Estado de la provincia para avanzar con la ejecución de lo resuelto.
El decomiso había sido establecido en el punto XXII de la sentencia del 7 de abril de 2022, aunque su aplicación quedó pendiente hasta que la condena adquiriera firmeza. Esto ocurrió luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos presentados por las defensas.
Qué bienes serán decomisados
La medida alcanza a dos inmuebles ubicados sobre calle Racedo, en Paraná, que funcionaban como parte de la estructura de Tep SRL. Se trata de los establecimientos situados en los números 409 y 415 de esa calle.
También se incluyeron tres vehículos:
- Una motocicleta Zanella ZB 100, dominio 208 IG.
- Una Ford F4000D, dominio EPT 951.
- Una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business, dominio OJZ 720.
A este patrimonio se suma una importante cantidad de equipamiento informático y tecnológico utilizado por la empresa, entre computadoras, CPU, procesadores y otros dispositivos, además de un plotter de impresión Bili Neotitan 2504 DW2D.
La sentencia había dispuesto el decomiso de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Tep SRL y a los condenados que estuvieran vinculados con los hechos investigados en la denominada “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”.
El destino de los bienes
La sentencia estableció que los bienes, una vez firme la condena, quedaran a disposición del Estado provincial.
En el juicio, la Fiscalía había propuesto destinos específicos: que los inmuebles fueran asignados al Poder Judicial, los vehículos a la Policía de Entre Ríos y los equipos informáticos al Consejo General de Educación para su utilización en establecimientos educativos.
Sin embargo, el tribunal no estableció expresamente esa distribución en la sentencia. Por lo tanto, será ahora el Estado provincial el que deberá determinar el destino concreto de los bienes decomisados.
En cuanto a los equipos informáticos, los fiscales dejaron asentado que buena parte ya se encuentra bajo custodia judicial debido a que fue entregada como prueba durante el debate oral.
El caso del plotter es diferente: el equipo había quedado bajo custodia de Luciana María Belén Almada, una de las personas condenadas, en carácter de depositaria judicial. Con la ejecución del decomiso, deberá entregarlo a quien sea designado por la Fiscalía de Estado.
Las computadoras que no fueron objeto de pericias y que no estén alcanzadas por la medida serán restituidas a quienes puedan acreditar su propiedad.
El vínculo con la causa por corrupción
Tep SRL fue una de las empresas de impresión vinculadas a Juan Pablo Aguilera que recibió contrataciones durante la gestión de Urribarri al frente del Gobierno de Entre Ríos.
Durante el juicio oral desarrollado entre 2021 y 2022, la Fiscalía sostuvo que la estructura empresarial había obtenido beneficios a partir de su vinculación con el poder político y de contrataciones realizadas con organismos estatales.
La investigación también analizó el funcionamiento de las imprentas, las contrataciones de publicidad oficial y el presunto uso de recursos y empleados estatales en beneficio de las empresas vinculadas al entonces entorno del exgobernador.
Estos hechos formaron parte de las cinco investigaciones acumuladas en el proceso que terminó con las condenas de Urribarri, Báez y Aguilera.
Los embargos continúan vigentes
La ejecución del decomiso no implica el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el patrimonio de los condenados.
El oficio remitido a la Fiscalía de Estado deja expresamente asentado que continúan vigentes los embargos dispuestos sobre bienes de los imputados con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica al Estado.
Se trata de dos cuestiones diferentes: por un lado, el decomiso de los bienes alcanzados por la sentencia; por otro, las medidas cautelares destinadas a preservar patrimonio para responder por el perjuicio económico establecido en el proceso.
De esta manera, con las condenas ya firmes y los tres condenados cumpliendo sus penas en la Unidad Penal N.º 9 “El Potrero” de Gualeguaychú, comienza también la etapa de ejecución patrimonial de una de las causas que integraron el denominado Megajuicio.
FUENTE: Entre Ríos Ahora
