Allanaron una escribanía y domicilios por una denuncia contra el liquidador de una empresa familiar de Gualeguaychú
El fiscal Lucas Pascual confirmó que se realizaron varios procedimientos en el marco de una investigación por presunta administración infiel. Se secuestraron computadoras, documentación, dinero y libros contables. La causa busca determinar qué ocurrió con los fondos provenientes de la venta de cuatro inmuebles y cuatro camiones.
Una investigación judicial por una presunta maniobra de administración infiel derivó en varios allanamientos vinculados con una empresa familiar de Gualeguaychú que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
El fiscal Lucas Pascual confirmó los procedimientos y explicó que la causa se inició a partir de una denuncia presentada aproximadamente un mes atrás. La investigación apunta principalmente a determinar qué ocurrió con el dinero obtenido por la venta de distintos bienes de la empresa y si esos fondos fueron efectivamente incorporados a las cuentas societarias.
De acuerdo con la información aportada por el fiscal, los procedimientos alcanzaron a quien había sido designado como liquidador de la empresa, a una de las personas que adquirió bienes y a la escribanía que intervino en las operaciones.
"Yo tomo intervención a raíz de una denuncia en Fiscalía hace aproximadamente un mes", explicó Pascual, quien señaló que se trata de una sociedad perteneciente a una familia y que el liquidador había recibido facultades para disponer de determinados bienes.
Qué se investiga
Según explicó el fiscal, el liquidador estaba autorizado a vender bienes muebles e inmuebles de la sociedad, con la obligación de incorporar posteriormente el producido de esas operaciones al patrimonio de la empresa.
Sin embargo, una asamblea realizada en diciembre del año pasado habría dejado constancia de que el dinero obtenido por algunas de esas ventas no habría ingresado a las cuentas de la compañía.
Ese es uno de los puntos centrales que busca esclarecer la investigación.
"Lo que se investiga es administración infiel, es decir que una persona vendió muebles e inmuebles y no rindió cuentas", señaló Pascual.
La pesquisa también alcanza a quienes participaron de las operaciones comerciales. En ese sentido, la Fiscalía procura establecer si pudo existir algún tipo de connivencia entre el liquidador, el comprador y el escribano que intervino en las transacciones.
No obstante, el fiscal remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que, por el momento, no existen elementos suficientes para afirmar que se haya concretado una maniobra delictiva por parte de los compradores.
Cuatro inmuebles y cuatro camiones
La denuncia está relacionada con la venta de cuatro inmuebles y cuatro camiones pertenecientes a la empresa.
Pascual precisó que participaron dos compradores: uno adquirió los inmuebles y otro los vehículos. En el caso de las propiedades, además, la querella planteó dudas respecto del precio de venta, al considerar que podría ser inferior al valor que surgiría de las tasaciones.
El monto involucrado sería significativo y estaría expresado en dólares. Sin embargo, hasta el momento, según indicó el fiscal, el destino de esos fondos no pudo ser determinado.
"Lo que todos se preguntan es dónde está el dinero", resumió Pascual al explicar el objetivo de las medidas judiciales.
Qué encontraron durante los allanamientos
En los procedimientos se secuestraron distintos elementos que ahora serán sometidos a análisis.
Entre ellos se encuentran documentación relacionada con las operaciones de compraventa, la computadora del comprador, libros de la escribanía y elementos encontrados en el domicilio del liquidador, incluyendo otra computadora, dinero en efectivo y documentación.
La Fiscalía también solicitará información a distintas entidades bancarias para reconstruir los movimientos financieros y establecer si el dinero proveniente de las operaciones ingresó a alguna de las cuentas vinculadas con el liquidador o con la empresa.
El análisis de ese material será clave para determinar si existió efectivamente un perjuicio patrimonial y, eventualmente, establecer responsabilidades.
Una disputa dentro de la empresa familiar
El caso tiene además una particularidad: tanto la persona que realizó la denuncia como el denunciado pertenecen a la misma familia y están vinculados con la empresa.
Pascual explicó que el liquidador continúa siendo socio, aunque ya fue apartado de esa función. La sociedad, por su parte, no se encuentra actualmente en actividad y permanece en proceso de liquidación.
La situación societaria también derivó en actuaciones ante la Justicia Civil y Comercial de Buenos Aires, debido a que el domicilio legal de la empresa se encuentra radicado en esa jurisdicción.
En una asamblea realizada en diciembre, y con intervención de un juzgado porteño, se habría solicitado al liquidador que explicara dónde se encontraba el dinero obtenido por las operaciones. Según indicó el fiscal, esa información no habría sido brindada.
Ahora, la Fiscalía deberá analizar la documentación secuestrada, reconstruir las operaciones comerciales y financieras y determinar qué ocurrió con los fondos. Pascual insistió en que se trata de una investigación todavía "muy prematura", por lo que resta avanzar con distintas medidas antes de establecer si hubo o no un delito y quiénes podrían resultar responsables.
FUENTE: Máxima
