La Defensoría de Gualeguaychú intervino para garantizar la vacunación obligatoria de un recién nacido
La Defensoría Pública local activó una medida urgente para asegurar la aplicación de vacunas a un bebé cuyos padres se negaban a cumplir el calendario obligatorio. El organismo trabaja en la ciudad para proteger el derecho a la salud de niños y niñas cuando los adultos no lo garantizan.
En Gualeguaychú, la protección de los derechos de la niñez volvió a ponerse en primer plano luego de que la Defensoría Pública local interviniera con carácter urgente en un caso de negativa a la vacunación obligatoria. La presentación, realizada recientemente por la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa (MPD), derivó en una resolución judicial que ordenó aplicar al recién nacido las dosis previstas dentro de las primeras horas de vida, tal como exige la normativa nacional.
La situación se conoció a partir de la comunicación realizada por un efector de salud de la ciudad, que advirtió que los progenitores se negaban a permitir la aplicación de las vacunas del Calendario Nacional. Tras los intentos administrativos que establece la normativa —incluida la intervención del Copnaf cuando corresponde—, la Defensoría tomó el caso ante la ausencia de una respuesta favorable y la gravedad del riesgo para el bebé.
El carácter urgente de la medida estuvo justificado en el plazo crítico para la salud del recién nacido: varias de las vacunas deben aplicarse en las primeras 12 horas de vida. En ese contexto, la Justicia de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Gualeguaychú resolvió a favor del pedido de la Defensoría y autorizó la aplicación inmediata, priorizando el interés superior del niño.
Desde la sede local del MPD explicaron que estas acciones no buscan sancionar a las familias, sino proteger derechos fundamentales. “La vacunación no es solo una decisión individual: es un acto de cuidado colectivo que protege a cada niño y a toda la comunidad”, remarcaron, subrayando que en Gualeguaychú esta temática es considerada especialmente sensible ante la circulación de enfermedades prevenibles.
El Ministerio Público de la Defensa interviene cuando los adultos responsables no garantizan este derecho, tal como prevé la Ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Esa norma establece claramente que los padres, tutores o guardadores son responsables de asegurar la vacunación y que los establecimientos educativos, centros de salud y agentes públicos deben informar cualquier incumplimiento para que se activen los mecanismos de protección.
En la ciudad, este proceso funciona de manera articulada entre hospitales, centros de salud barriales, instituciones educativas y la Defensoría. Cada notificación permite iniciar un camino que comienza con la intervención administrativa y, si esta no es suficiente, continúa con la actuación judicial.
El caso reciente no es aislado: en Gualeguaychú, la Defensoría trabaja en varias presentaciones vinculadas a situaciones similares, algunas ya resueltas y otras en trámite. En todos los casos, el objetivo es el mismo: que los niños y niñas accedan sin obstáculos a su derecho a la salud y que se cumpla con las políticas públicas de vacunación que, además de proteger individualmente, contribuyen a la inmunidad colectiva de toda la comunidad.
Desde el MPD alentaron a que cualquier agente de salud, institución educativa o vecino que detecte situaciones de falta de vacunación obligatoria efectúe las comunicaciones correspondientes. “La participación comunitaria es fundamental para que estos mecanismos funcionen. La protección de la niñez es responsabilidad de todos”, remarcaron.
Para consultas, acompañamiento o notificaciones, la Defensoría puede ser contactada a través de los canales oficiales del Ministerio Público de la Defensa. También se recuerda que en la página del organismo están disponibles los contactos de todas las defensorías de la provincia, incluida la de Gualeguaychú.
FUENTE: APF Digital
