Fuerte cruce en el Concejo por el proyecto “La Alameda” y el uso de excepciones urbanísticas
La iniciativa de un barrio privado en la zona de chacras generó tensiones entre oficialismo y oposición, que también cuestionaron el funcionamiento interno del cuerpo legislativo.
El tratamiento del proyecto del barrio privado “La Alameda” en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú desató un intenso debate político e institucional, atravesado por diferencias sobre el modelo de desarrollo urbano y cuestionamientos al funcionamiento interno del cuerpo.
La discusión se dio en el marco del expediente N° 8024/26, cuyo abordaje en comisiones generó malestar en sectores de la oposición. Según señalaron, se convocó a funcionarios y desarrolladores sin haber realizado previamente reuniones conjuntas entre las comisiones, lo que consideraron una práctica que limita la participación y el análisis interno.
Las críticas apuntaron también a las reglas de funcionamiento legislativo, especialmente en torno a quiénes tienen la facultad de convocar reuniones e invitar especialistas. Mientras que desde el peronismo propusieron que todos los concejales puedan realizar invitaciones, el oficialismo impulsó que esa atribución quede exclusivamente en manos de los presidentes de comisión. Esta postura se impuso por siete votos contra seis.
El debate evidenció tensiones en torno al rol del Concejo. Algunos ediles opositores advirtieron sobre la posibilidad de avanzar de manera “unilateral”, mientras que desde el oficialismo defendieron la necesidad de evitar trabas burocráticas en el tratamiento de los proyectos.
El eje del conflicto: el proyecto urbanístico
Más allá de la discusión institucional, el foco principal estuvo puesto en el emprendimiento “La Alameda”, impulsado por desarrolladores privados en la zona de chacras, sobre el camino a Ñandubaysal, en cercanías de Prados de la Adelina.
Desde la oposición sostuvieron que el proyecto implicaría excepciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), particularmente en lo referido al tamaño de los lotes, la cesión de espacios verdes y los aportes al Banco de Tierras.
Uno de los puntos más cuestionados fue la dimensión de las parcelas. Según indicaron, mientras la normativa vigente establece un máximo de 600 metros cuadrados para determinadas zonas residenciales, el proyecto contempla lotes de aproximadamente 1.250 metros cuadrados.
Sin embargo, desde el oficialismo rechazaron que se trate de excepciones y defendieron la figura de “convenio urbanístico”, al considerarlo un mecanismo válido para el desarrollo de áreas específicas. En esa línea, el área de Gestión Urbana sostuvo que las características del sector justifican parámetros diferentes a los establecidos para otras zonas.
Servicios y compensaciones en discusión
Otro de los aspectos que generó debate fue la provisión de servicios básicos. De acuerdo a lo expuesto, el barrio no contará con redes tradicionales de agua potable ni cloacas, sino que el abastecimiento se realizará mediante pozos y el tratamiento de efluentes a través de biodigestores.
Además, se planteó que los desarrolladores deberán asumir la iluminación del camino de acceso, en un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros. Esta obra fue presentada como una posible compensación frente a los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los parámetros urbanísticos.
En ese sentido, concejales opositores pusieron en duda si esa compensación resulta equivalente a las obligaciones de cesión de espacios verdes y aportes al Banco de Tierras establecidos por la normativa vigente.
Por su parte, los impulsores del proyecto defendieron la iniciativa y señalaron que trabajan en el expediente desde hace dos años junto al Municipio. También destacaron que la obra de iluminación mejorará significativamente la seguridad y visibilidad en la zona.
Un debate que sigue abierto
Pese a los cruces y cuestionamientos, el proyecto obtuvo despacho de comisión y continuará su tratamiento legislativo en las próximas semanas.
El caso dejó expuestas no solo diferencias sobre el desarrollo urbano en la ciudad, sino también un debate más profundo sobre las reglas de funcionamiento del Concejo Deliberante, que podría reabrirse en el corto plazo.
FUENTE: Monica Farabello para GualeDigital
