Aprobado por la mínima: el convenio de “La Alameda” expuso grietas políticas y cuestionamientos al proceso
Con seis votos a favor y cinco abstenciones, el oficialismo logró aprobar el desarrollo del barrio privado. La oposición denunció falta de información y un tratamiento apresurado, mientras que el debate dejó dudas sobre el alcance real del acuerdo.
En una sesión breve pero de alto voltaje político, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó el convenio urbanístico para el desarrollo del barrio privado “La Alameda”, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y un clima de marcada tensión.
El tratamiento sobre tablas, que se resolvió en menos de una hora, concentró un amplio abanico de posturas. Desde el oficialismo se defendió el expediente como un modelo de articulación público-privada, mientras que desde distintos sectores opositores se lo calificó como un procedimiento “apresurado” y con falencias en su análisis.
El resultado final reflejó la paridad política: seis votos afirmativos frente a cinco abstenciones. De este modo, el proyecto quedó aprobado por el margen más estrecho posible, dejando en evidencia la falta de consensos en torno a una iniciativa que apunta a impactar en el desarrollo urbano de la ciudad.
El emprendimiento “La Alameda”, impulsado por los desarrolladores Juana Abraham y Matías Majul, se ubicará en la zona de chacras, sobre el camino a Ñandubaysal y en las inmediaciones de Prados de la Adelina, un sector que en los últimos años viene registrando un crecimiento sostenido en proyectos residenciales privados.
Desde el oficialismo, el concejal Juan Pablo Castillo fue uno de los principales defensores del proyecto. Durante su intervención, destacó que el convenio urbanístico se enmarca dentro de las herramientas previstas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y remarcó su potencial para generar desarrollo en una zona en expansión.
“El convenio es una articulación entre el sector público y privado que permitirá mejorar la infraestructura”, sostuvo, y puso el foco en la contraprestación asumida por los desarrolladores: la instalación de 1.500 metros de iluminación LED sobre el camino a Ñandubaysal. Según expresó, esta obra marcará “un antes y un después” para los vecinos del área.
En la misma línea, el concejal Jorge Roko defendió la legalidad del expediente y rechazó de plano las críticas vinculadas a supuestas excepciones. “El proyecto cumple con todas las normativas vigentes. No se está exceptuando nada”, afirmó, y explicó que las modificaciones contempladas en el convenio están debidamente compensadas por las inversiones comprometidas por el privado.
Roko también aprovechó el debate para contrastar la iniciativa con gestiones anteriores, señalando que en el pasado sí se aprobaron excepciones sin planificación, lo que —según indicó— derivó en dificultades actuales para el acceso a servicios en determinados sectores de la ciudad.
Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en llegar desde la oposición. La concejal María Sira Ghisi (PJ) fue una de las voces más críticas, al denunciar problemas en la dinámica de trabajo en comisiones y una falta de tiempo suficiente para analizar el expediente en profundidad.
“Nos encontramos con un tratamiento imperativo, poco participativo y con escasa información”, expresó. En ese sentido, aclaró que la abstención de su bloque no implica un rechazo al desarrollo urbano, sino una señal de disconformidad con el proceso legislativo.
Uno de los ejes centrales de la discusión giró en torno a la naturaleza del proyecto: si se trata de un convenio urbanístico en regla o si, en la práctica, implica excepciones a la normativa vigente.
La concejal radical Micaela Rodríguez advirtió que, según lo expuesto en reuniones de comisión, existirían al menos tres aspectos sensibles: el tamaño de los lotes y la provisión de servicios de agua y cloaca. Estos puntos, según señaló, deberían ser analizados con mayor detenimiento.
En esa misma línea, el concejal Maximiliano Lesik (UCR) planteó dudas sobre la ecuación económica del acuerdo. “No contamos con información suficiente para evaluar si lo que el Municipio resigna se compensa con lo que aporta el privado”, indicó, en referencia a la instalación de luminarias como principal contraprestación.
Tanto desde la UCR como desde el PJ coincidieron en la necesidad de retomar dinámicas de trabajo más consensuadas, similares a las que —según recordaron— se implementaron durante los primeros años de gestión legislativa, con mayor diálogo entre bloques.
Uno de los momentos más llamativos de la sesión fue la intervención de la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Julieta Carrazza. Haciendo uso del reglamento, dejó su lugar en el estrado para ocupar una banca oficialista y participar activamente del debate.
En su exposición, Carrazza defendió la figura del convenio urbanístico y buscó diferenciarla de las excepciones tradicionales. “Un convenio permite establecer claramente cuáles son las obligaciones del Estado y del privado, incluso en casos donde no se cumplen todos los requisitos de manera estricta”, explicó.
Asimismo, subrayó que este tipo de herramientas apunta a generar beneficios concretos para la comunidad. “Lo importante es evaluar el impacto positivo que puede tener en la ciudad”, remarcó.
Desde el bloque justicialista, la concejal Delfina Herlax también expresó reparos. Si bien reconoció la validez del instrumento dentro del POT, sostuvo que persisten dudas en torno a aspectos clave del proyecto, como el tratamiento de los espacios verdes, los beneficios para el Banco de Tierras y los criterios aplicados para autorizar este tipo de desarrollos en determinadas zonas y no en otras.
Además, insistió en la necesidad de brindar mayor claridad a la ciudadanía. “Estas explicaciones deben llegar a los vecinos, porque evidentemente hay puntos que no están del todo claros”, afirmó.
El tramo final de la sesión estuvo marcado por un hecho inesperado: la retirada del concejal oficialista Raimundo Legaria, lo que ajustó aún más el conteo final de votos.
En ese contexto, los concejales de La Libertad Avanza acompañaron al oficialismo en silencio, sin intervenir en el debate, pero resultando clave su apoyo para alcanzar la mayoría necesaria.
Con la aprobación ya consumada, el proyecto de “La Alameda” avanza formalmente, aunque rodeado de interrogantes y con un escenario político que refleja profundas diferencias en torno a los criterios de desarrollo urbano y a la forma en que se construyen los consensos dentro del Concejo Deliberante.
Más allá del resultado, el debate dejó planteado un interrogante de fondo: cómo equilibrar la promoción de inversiones privadas con la transparencia, la planificación y la participación política en decisiones que impactan directamente en el crecimiento de la ciudad.
FUENTE: GualeDigital
