La Justicia Federal de Concepción del Uruguay podría intervenir en la demanda por la planta en Paysandú
La Fiscalía avaló que el proceso se tramite en esa ciudad en la causa iniciada por legisladores entrerrianos contra Uruguay y la empresa HIF por el posible impacto ambiental en el río Uruguay.
La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se pronunció a favor de aceptar la competencia en la demanda presentada por los legisladores nacionales Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay S.A., y consideró que el proceso debe tramitar ante el Juzgado Federal de esa ciudad.
La acción judicial busca prevenir posibles daños ambientales por la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, a pocos kilómetros de la ciudad entrerriana de Colón, sobre la margen del río Uruguay. La causa se tramita en el expediente 3276/2026.
Con este dictamen, la Justicia queda en condiciones de analizar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, entre ellas la realización de un reconocimiento judicial de las costas del río y estudios sobre la calidad del agua para determinar eventuales riesgos ambientales.
Según plantearon los demandantes, el proyecto industrial no estaría cumpliendo con la normativa vigente, en particular con lo establecido en el Estatuto del Río Uruguay y con los criterios fijados por la Corte Internacional de La Haya en el antecedente conocido como el caso Botnia-UPM, que reguló el funcionamiento de plantas industriales en la cuenca compartida entre Argentina y Uruguay.
La presentación judicial fue realizada bajo la figura de acción preventiva de daños, prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objetivo de que se adopten medidas antes de que se produzca un perjuicio ambiental.
Michel cuestionó la actuación del gobierno provincial y sostuvo que la falta de gestiones obligó a recurrir a la Justicia. Según expresó, la situación requiere que se apliquen los tratados internacionales vigentes y que se adopten controles efectivos sobre cualquier emprendimiento que pueda afectar al río Uruguay.
Los legisladores también informaron que pusieron a disposición de la ciudadanía un sitio web con información sobre el expediente, con el objetivo de garantizar el acceso público a los detalles de la causa y al avance del proceso judicial.
La controversia por la posible instalación de la planta en Paysandú vuelve a poner en el centro del debate el cuidado del río Uruguay, un tema sensible en la región desde el conflicto internacional por las pasteras, y que mantiene en alerta a comunidades de ambas orillas.
FUENTE: Prensa Michel
